Luis Peña Valdez, quien estuvo preso en la Penitenciaría Nacional de La Victoria durante más de 10 sin haber sido sometido penalmente por la comisión de un delito, fue liberado luego de una denuncia hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El ciudadano al que le violaron todos sus derechos, no posee cédula de identidad y electoral.
Aseguró que llevaba más de 10 años en La Victoria sin haber sido presentado ante un juez. Además, que al momento de su detención se desempeñaba como albañil en la provincia de Monte Plata, de donde es oriundo.
El hombre también argumentó que su apresamiento se produjo cuando acudió a la casa de un ingeniero a cobrarle por un trabajo realizado. Explicó que éste llamó a la Policía Nacional y un sargento y un cabo se presentaron al lugar y se lo llevaron al destacamento de La Quinta Compañía, de Monte Plata, y, al día siguiente, lo trasladaron para La Victoria.
El caso fue denunciado por el presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes, durante una de las jornadas médicas en las que aplicaron pruebas de laboratorios para identificar posibles casos de internos afectados por la COVID-19.
Esto motivó una investigación liderada por los procuradores de Corte de Apelación Jonathan Baró Gutiérrez y Francisco A. Berroa Hiciano, coordinador del Gabinete de Asuntos Penitenciarios y titular de la Procuraduría Regional de Santo Domingo, respectivamente.
Durante las indagatorias realizadas por Félix Castillo, procurador de Corte de Apelación, adscrito a la Procuraduría Regional de Santo Domingo, la Dirección General de Prisiones certificó al Gabinete Penitenciario que en sus archivos no había encontrado un expediente físico contra el interno. Lo mismo planteó la Fiscalía de Monte Plata, por lo que el ciudadano fue liberado.
El Gabinete Penitenciario dijo en una nota de prensa que amplía la investigación de este caso y esperan otras informaciones de la Dirección de la Policía Nacional. Sin embargo, en su interés por respetar la integridad del interno, adelantó su entrega a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante un acto administrativo y de conformidad con lo estipulado en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Al hacer la entrega del hombre a la CNDH, Baró Gutiérrez informó que el Gabinete de Asuntos Penitenciarios sigue investigando si existen otros privados de libertad en las mismas condiciones.
“Desde el Gabinete de Asuntos Penitenciarios mantenemos el interés y seguiremos haciendo todos los esfuerzos necesarios para, que si encontramos otro caso similar, proceder conforme a la responsabilidad que nos puso sobre los hombros el Consejo Superior del Ministerio Público al encomendarnos velar por el correcto desenvolvimiento de la vida penitenciaria”, sostuvo Baró Gutiérrez.
Recordó que hace unas semanas el Gabinete Penitenciario adoptó una serie de cambios en la dirección de varios centros de privación de libertad para corregir distorsiones pasadas. Se espera que, de identificarse casos similares, los nuevos directores alerten sin demora para coordinar las indagatorias de lugar con las procuradurías regionales correspondientes.
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