_El director del INABIE explicó el mecanismo irregular de las llamadas «cocinas móviles» y aseguró que la lista de los 14 casos detectados la entregó él mismo_ Santo Domingo, R.D.

— El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), ingeniero Adolfo Pérez De León, afirmó que su mandato al frente de la institución es corregir las situaciones que encontró y no aferrarse a ellas.»A mí me designaron para que corrigiera los retos.

A mí no me designaron tampoco para que yo me aferre a los problemas heredados y con eso evada mi responsabilidad», declaró durante su participación en el programa El Gobierno de la Mañana, de Z101.

El funcionario explicó que fue designado por el presidente Luis Abinader tras la cancelación de una serie de contratos de proveedores de uniformes y calzado por procesos irregulares, con el encargo expreso de resolver esa situación.

*Cómo opera una cocina móvil* Pérez De León detalló el mecanismo mediante el cual algunos oferentes lograron superar la evaluación técnica sin comprometerse con el cumplimiento del contrato.

Según explicó, la institución evalúa las unidades productivas por provincias, en 34 procesos territoriales distribuidos a lo largo de varias semanas. Ese calendario fue aprovechado por ciertos suplidores: instalaban una cocina completamente equipada en una provincia, obtenían la calificación correspondiente y, semanas después, trasladaban los mismos equipos a otra provincia para participar allí con idéntica instalación.

El director informó que, tras concluir la adjudicación, ordenó a su equipo salir a verificar la totalidad de las unidades productivas del país. De esa revisión resultaron 14 casos comprobados: 12 cocinas y 2 panaderías cuyos equipos habían sido trasladados de una unidad a otra. «A mí nadie me mandó a cancelar esos contratos, los cancelé yo, porque me di cuenta de que esa persona había estafado a la institución», sostuvo.

Añadió que la información sobre esos casos fue publicada por la propia institución: «Si alguien me pide la lista a mí de las cocinas móviles del INABIE, fui yo que se la di. No fue otra gente que la hizo, fui yo.» *Una precisión sobre el término* Consultado sobre la expresión «cocinas fantasma», el funcionario planteó una distinción.

Explicó que lo detectado no son instalaciones inexistentes, sino unidades reales que se desplazan de un lugar a otro para obtener adjudicaciones en distintas demarcaciones, y que en ambos casos la respuesta institucional es la misma.

«Cada vez que encontremos una cocina con situaciones en cualquier parte del país, la vamos a quitar», afirmó. *Supervisión permanente* Pérez De León precisó que los proveedores suspendidos no habían recibido desembolso alguno, ya que el pago se genera contra facturas y conduces de entrega.

Los lotes afectados fueron reasignados a proveedores que sí cumplen con las condiciones establecidas. Informó además que, tras recibir una denuncia formal y documentada, la institución intervino la totalidad de las unidades productivas de la provincia San Pedro de Macorís.

“Si alguien está haciendo algo incorrecto en San Pedro de Macorís, nosotros nos vamos a dar cuenta y le vamos a cancelar el contrato, porque yo no tengo compromiso con más nada que no sea con hacer las cosas bien hechas», expresó.

El director indicó que la institución sustituyó los formularios manuales por una aplicación con trazabilidad que impide la modificación posterior de los datos, e incorporó cámaras corporales y registro fotográfico en cada inspección técnica.

Aclaró, no obstante, que los casos detectados constituyen una excepción dentro del universo de proveedores. «En la inmensa mayoría estamos hablando de cocinas que funcionan de manera correcta, de gente honesta que hace su trabajo»,

Las autoridades de aduanas en el aeropuerto Las Américas, detuvieron a un pasajero de nacionalidad colombiana tras intentar salir del país, por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) con US$600,700 en efectivo y 647,000 pesos colombianos, dinero que no había sido declarado ante las autoridades aduaneras.

El decomiso fue realizado por la Dirección General de Aduanas (DGA), en coordinación con el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito del Ministerio Público.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, el extranjero se disponía a viajar con destino a Panamá y llevaba ocultos en un bulto de mano US$599,700, mientras que otros US$1,000 los transportaba en sus bolsillos. Tambien tenia en su poder los 647,000 pesos colombianos.

El monto ocupado en dólares equivale, a la tasa de cambio indicada por las autoridades, a aproximadamente RD$35,981,930, una cantidad que, por superar el límite establecido para el transporte de efectivo sin declaración, debe ser reportada a las autoridades correspondientes.

El pasajero fue puesto a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar las acciones legales correspondientes, conforme a las investigaciones sobre el origen y el destino de las divisas.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, reiteró que la institución mantiene una vigilancia permanente en los puertos, aeropuertos y demás puntos de entrada y salida del territorio nacional, como parte de las acciones para combatir el contrabando y el tráfico ilícito de mercancías y valores.

El caso se suma a otras operaciones recientes de la DGA contra el comercio ilícito. El pasado mes, la institución informó el decomiso de dos contenedores de mercancías, uno de ellos con 4.5 millones de cigarrillos de la marca Jaisalmer y otro con 961 televisores de diferentes marcas y tamaños.

Según la DGA, ambas incautaciones permitieron evitar pérdidas fiscales superiores a RD$42.2 millones por concepto de derechos e impuestos de importación.

Las autoridades aduaneras y de seguridad aeroportuaria han reforzado los controles sobre pasajeros que ingresan y salen del país con grandes cantidades de dinero en efectivo, con el propósito de detectar posibles operaciones de contrabando, lavado de activos u otras actividades ilícitas

El Tribunal Constitucional (TC) devolvió al Tribunal Superior Electoral (TSE) el expediente que este último le había remitido sobre el caso de la prohibición de encuestas electorales.

El caso tiene su origen en una resolución de la JCE que estableció reglas para el registro de las firmas encuestadoras y la publicación y difusión de encuestas electorales. La disposición fue impugnada por la organización Justicia Sin Fronteras ante el TSE, pero este tribunal se declaró incompetente y remitió el expediente al TC por considerar que la controversia involucraba un asunto de constitucionalidad cuya revisión correspondía exclusivamente a esa alta corte.

El TC, sin embargo, consideró que el TSE no podía enviarle directamente el caso para que asumiera su conocimiento. Explicó que una demanda presentada ante el TSE no se convierte automáticamente en un proceso ante el Constitucional por el solo hecho de que ese tribunal se declare incompetente.

La acción coordinada junto a la fundación del Padre Rogelio Cruz fue el resultado de un levantamiento para asistir a adultos mayores, personas con discapacidad y familias de bajos ingresos.

LA VEGA. – Más de 200 familias de escasos recursos recibieron apoyo directo del Gobierno a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), durante una jornada de entrega de enseres del hogar y ayudas técnicas realizada en la provincia de La Vega en coordinación con la Fundación del Padre Rogelio Cruz, como parte de los programas de asistencia social que desarrolla el Gobierno en todo el territorio nacional.

La iniciativa benefició a adultos mayores, personas con discapacidad y familias en condiciones de vulnerabilidad, quienes recibieron sillas de ruedas, camas, neveras, estufas, televisores, juego de sala, juego de comedor y otros electrodomésticos destinados a mejorar sus condiciones de vida.

La entrega fue encabezada por el subdirector de DASAC, Francisco García, en representación del director general, Edgar Augusto Féliz Arbona, junto al padre Rogelio Cruz, luego de un proceso de levantamiento y evaluación de las necesidades realizadas previamente en varias localidades para garantizar que las ayudas llegaran de manera digna a cada una de las familias.

“Detrás de cada entrega hay una familia que espera una respuesta y una institución comprometida con servir, como siempre nos han instruido el presidente Luis Abinader y nuestro director Edgar Féliz y que mejor forma de realizar esta labor que junto al Padre Rogelio Cruz, un hombre comprometido con estas familias que hoy reciben esta asistencia que entregamos con mucho amor”, expresó García durante la actividad.

Los beneficiarios agradecieron el respaldo recibido, destacando el impacto que estos artículos tendrán en su vida cotidiana, especialmente en hogares donde las limitaciones económicas dificultan la adquisición de bienes esenciales.

De su lado, el padre Rogelio Cruz, agradeció el respaldo brindado por esta institución del gobierno, el cual representa un gran alivio para cientos de familias que hoy ven mejorar sus condiciones de vida, valorando la sensibilidad social con la que actúa Féliz Arbona.

La jornada forma parte de la política de asistencia social impulsada por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, y ejecutada por DASAC, orientada a fortalecer la protección social de las familias más necesitadas y garantizar que las ayudas lleguen de manera oportuna a los sectores más vulnerables.

Con acciones como esta, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), reafirma su compromiso de seguir transformando realidades y llevando soluciones concretas a comunidades de todo el país, priorizando siempre a quienes enfrentan mayores condiciones de fragilidad social.

La audiencia para conocer la medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, señalados de maltratar y abusar psicológicamente a nueve menores dentro de la Fundación Restaurando Vida, fue aplazada para el jueves 10 de septiembre.

La defensa de ambos imputados y el Ministerio Público solicitaron tiempo para conocer el expediente y también los resultados de las entrevistas que son realizadas a los niños y niñas involucrados en el caso.

“Fue aplazada porque el Ministerio Público solicitó la suspensión a los fines de celebrar cámara Gesell a los niños que fueron detenidos en la iglesia del pastor”, expresó Luis Carela, abogado de Capellán.

Carela también catalogó como una “burbuja” los señalamientos realizados por las autoridades que indican que dentro del centro los menores de edad eran maltratados y sometidos a trabajos forzosos.

“Vamos a demostrar que eso no es así, esas son burbujas que se están dando, pero en ninguna circunstancia eso ocurrió”, agregó.

Una mujer de 34 años murió ayer martes tras recibir varias heridas de arma blanca, presuntamente durante una riña con una joven que fue apresada este miércoles por el hecho, ocurrido en la calle Juan Bosch, del sector Los Maestros, en San José de Ocoa.

La víctima fue identificada como Leidy Arianny Soto Cáceres, profesional del derecho y residente en la comunidad de Sabana Larga.

Soto Cáceres fue trasladada al Hospital San José, donde recibió asistencia médica por las heridas sufridas. Sin embargo, falleció alrededor de las 4:00 de la tarde, pese a los esfuerzos del personal médico.

Tras el incidente, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) apresaron a Adriana Cuello Minyety, de 20 años, señalada como la presunta responsable de ocasionar las heridas que provocaron la muerte de Soto Cáceres.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que, según las indagatorias, el hecho se habría originado por «presuntos problemas personales entre ambas mujeres«.