El Poder Judicial de la República Dominicana lanzó ayer su primera Política de Protección de Datos, diseñada para resguardar la privacidad de las personas en las decisiones que emiten los tribunales del país.
Este reglamento establece que, cuando se trate de asuntos de interés público o investigaciones científicas, la Secretaría del tribunal que dictó el fallo será la encargada de realizar el proceso de «disociación» o «anonimización» de datos, es decir, eliminar o modificar la información personal de los involucrados para proteger su identidad, siempre que la ley no impida el acceso de terceros.
Según la política, esta protección de datos se llevará a cabo siguiendo principios de proporcionalidad, donde solo se mostrarán los datos estrictamente necesarios para el entendimiento de la decisión.
La responsabilidad recaerá en la Secretaría del tribunal que dictó cada sentencia, y en los casos de la Suprema Corte de Justicia, será su Secretaría General quien realice la anonimización antes de cualquier publicación.
Esta medida asegura que los documentos sean accesibles al público o investigadores sin comprometer la privacidad de los implicados, salvo en situaciones en que la ley prohíba el acceso, como en los casos de adopciones. Además, permite que los tribunales decidan, de oficio o por solicitud de alguna de las partes, si es necesario suprimir ciertos datos para proteger la privacidad sin afectar la claridad de la sentencia.