Mientras su vida se consume en la pobreza y por enfermedades, la familia Maldonado Valera, a la que el Estado le retiene el pago de 104 millones de pesos por unos terrenos que les confiscó en Bayona, sigue su calvario en busca de justicia ante autoridades que desacatan una sentencia que los obliga a pagar los terrenos donde se construyeron los proyectos de la cañada Guajimía.
A Valentín Maldonado Valera, el mayor de los 10 hermanos, se les mojan los ojos, se enrojecen y se le quiebra la voz al conversar del tema y habla con pesar de lo que vivió junto a su esposa durante los aguaceros del viernes 4 de noviembre que inundaron la ciudad. Su casa de tablas podridas y zinc agujereado no tenía espacio seco.
Habla con impotencia al reclamar el derecho legal que tiene a disfrutar junto a su compañera lo que le resta de vida en la vivienda que inició hace años y que se deteriora porque no tiene como continuarla, a pesar de que es un millonario por la herencia de la parcela 193-B-8 del Distrito Catastral 3 que mediante decreto 606-05 le fue expropiada durante uno de los gobiernos del entonces presidente Leonel Fernández para iniciar la solución al peligro en que viven familias en los alrededores del cañada Guajimía.