El Tribunal Constitucional (TC) devolvió al Tribunal Superior Electoral (TSE) el expediente que este último le había remitido sobre el caso de la prohibición de encuestas electorales.
El caso tiene su origen en una resolución de la JCE que estableció reglas para el registro de las firmas encuestadoras y la publicación y difusión de encuestas electorales. La disposición fue impugnada por la organización Justicia Sin Fronteras ante el TSE, pero este tribunal se declaró incompetente y remitió el expediente al TC por considerar que la controversia involucraba un asunto de constitucionalidad cuya revisión correspondía exclusivamente a esa alta corte.
El TC, sin embargo, consideró que el TSE no podía enviarle directamente el caso para que asumiera su conocimiento. Explicó que una demanda presentada ante el TSE no se convierte automáticamente en un proceso ante el Constitucional por el solo hecho de que ese tribunal se declare incompetente.
Por esa razón, ordenó devolver el expediente y calificó como «erróneo envío» la remisión realizada. El Constitucional sostuvo que la facultad de los tribunales para determinar su propia competencia no les permite modificar las atribuciones que corresponden a otros órganos.
La decisión no resuelve si la regulación de la JCE sobre las encuestas es constitucional o no. El TC tampoco decidió sobre la solicitud de suspensión provisional de las disposiciones cuestionadas. Su decisión se limitó a determinar que el expediente no llegó a ese tribunal por la vía procesal correspondiente y, por tanto, debe retornar al TSE.