Solo los defensores públicos logran que los jueces rechacen anualmente la acusación, con un no ha lugar, o se descarguen de las imputaciones en juicios de fondos a casi 5 mil procesados en los tribunales del país, debido a insuficiencia de pruebas.
Así lo reveló el titular de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), Rodolfo Valentín, que recomendó no judicializar todos los casos y que solo se sometan los expedientes relevantes, como establece, según dijo, el Código Procesal Penal, para no sobrecargar el sistema.
«En el 2023, la Defensa Pública resolvió entre auto de no ha lugar, en la etapa intermedia, y absoluciones, y las absoluciones devienen por pruebas insuficientes o por no haber cometido los hechos o que no habían pruebas para probarlos, señores aproximadamente 5,000 casos y se repitió en el 2024, y en lo que va de año, la defensa pública va, entre auto de no ha lugar y absoluciones por 3,400 casos», informó.
Defiende acuerdos
Valentín recomendó que no se lleve a la justicia todos los casos de delitos porque los hay «de poca monta, de bagatelas», que en el camino «se diluyen» porque son expedientes débiles, pocos instrumentados y concluyen con el descargo, pero ya cuando el sistema ha hecho un gasto económico y de tiempo.
«Entonces estamos perdiendo el tiempo cargando el sistema con un montón de casos», se quejó.
Aboga por acuerdos
Sugirió copiar sistemas como los de Puerto Rico y Miami, que en el primero se concilia en casi un 95 por ciento de los casos penales, mientras que en Miami en un 97 y «nadie se queja».