En la última década, la justicia dominicana ha dado importantes saltos para garantizar el servicio a las personas con discapacidad y los diferentes grupos vulnerabilizados. Todavía quedan muchos retos por delante. Sin embargo, la diferencia que se exhibe en la actualidad en el trato a estas poblaciones ha permitido que el sistema se haga más cercano al tema de la inclusión y la accesibilidad.
Para hablar de igualdad en casos de discapacidad, el Poder Judicial identificó diferentes limitaciones que tenía para brindar el servicio a las personas con discapacidad, una población que asciende a 140,980 en el país, según estimaciones del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).
En ese sentido, se registró la existencia de tres barreras fundamentales: arquitectónicas, actitudinales y comunicacionales.
Para 2020, según una evaluación realizada por la consultora externa por la Dominican Access a 30 sedes judiciales, solo dos tenían accesibilidad alta, tres nulas y las demás con accesibilidad media. En respuesta a estos resultados y en el marco del Plan Estratégico Institucional 20-24, desde la Dirección de Infraestructura Física se llevaron a cabo planes y acciones para minimizar estos impedimentos.