Las magistradas Natividad Ramona Santos, Wendy Altagracia Valdez y Pilar Antonia Rufino Díaz presentaron una objeción formal ante el presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Luis Henry Molina Peña, así como ante los demás consejeros de la entidad, en rechazo a sus traslados de sala dentro de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo.
En un documento remitido con fecha del 22 de agosto de 2026, las magistradas calificaron la medida como un acto de arbitrariedad, ilegalidad y retaliación en su contra, y señalaron que se enteraron «con mucho asombro» de los movimientos aprobados mediante el acta del CPJ de fecha 19 de agosto de 2026.
«Nunca hemos solicitado traslado, ni se ha consultado o pedido nuestra anuencia para ello, lo cual convierte dichos traslados en un acto de arbitrariedad, ilegalidad y retaliación en nuestra contra», indica el documento dirigido a Molina Peña, quien preside tanto la Suprema Corte de Justicia como el Consejo del Poder Judicial.