Santo Domingo.-«Advertimos que cualquier intento de imponer unilateralmente una elección sin respetar el consenso de los aspirantes y sin cumplir con las leyes vigentes será combatido con los recursos legales correspondientes». Con estas palabras, Eleuterio Abad Santos, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), notificó formalmente al Comité Político sobre la presunta ilegalidad del proceso de inscripción de aspirantes presidenciales aprobado en la reunión del 3 de marzo de 2025.
Mediante un acto de alguacil, dirigido al presidente del partido, Danilo Medina Sánchez, al secretario general, Johnny Pujols, y a los demás miembros del Comité Político, se advierte sobre posibles violaciones a los Estatutos del partido, la Ley 33-18 sobre Partidos Políticos, la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral y la Constitución de la República Dominicana.
Mientras tanto, Francisco Javier García notificó ayer su intención de buscar la candidatura presidencial por el PLD, sumándose así a la carrera interna de cara a las elecciones de 2028. Su anuncio llega en un contexto de tensiones dentro del partido y en medio de una controversia legal que podría impactar el proceso de selección del candidato.
Días antes, Abel Martínez, también aspirante a la nominación presidencial, había expresado su rechazo a cualquier intento de adelantar el proceso de selección, subrayando la importancia de respetar los plazos fijados por la Ley de Partidos y el Reglamento Electoral dominicano. Esta declaración ya evidenciaba divisiones dentro del PLD sobre la manera en que se debe manejar la escogencia del candidato presidencial.
Abad Santos ha advertido que, si no se reconsidera la decisión del Comité Político, solicitará la nulidad del proceso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Según el dirigente peledeísta, entre las irregularidades señaladas en la notificación se incluyen la falta de consenso en la imposición del proceso de inscripción de aspirantes, la violación de los plazos establecidos por la Junta Central Electoral (JCE) y la vulneración del principio de democracia interna consagrado en la Constitución. Se advierte que cualquier inscripción hecha bajo estas condiciones podría ser impugnada y anulada en los tribunales.