La procuradora general de la República, Miriam Germán, expresó que el año pasado el Ministerio Público estuvo enfocado en el análisis de dos importantes propuestas legislativas, las cuales, según comentó, tendrán un impacto trascendental en la institución a corto y mediano plazo.
Se trata de la ley del Ministerio de Justicia, tras considerar que es vital para clarificar la competencia constitucional del Ministerio Público como órgano que dirige la política criminal del Estado, distinguiéndola de las políticas de prevención o de seguridad ciudadana, las cuales son propias del Poder Ejecutivo.
“Como es de conocimiento público, a partir de la Ley 485 del año 64 fueron transferidas a la Procuraduría las funciones que correspondían a la otrora Secretaría de Estado de Justicia, esto ha significado una gran carga institucional que ha afectado la dirección de las funciones que sí son propias del órgano persecutor”, indicó la magistrada durante su rendición de cuentas del año 2022.
Asimismo, agregó: “No es tarea sencilla desmontar estructuras que han permanecido por décadas y moldeado nuestro ejercicio, pero el nuevo camino que ahora hemos de recorrer será uno que nos va a permitir hacer frente de manera óptima a los desafíos que conlleva la resolución de conflictos y persecución del crimen, además de reforzar la autonomía e independencia que nos reconoce la constitución y la ley orgánica”.
También habló sobre la importancia de la ley para la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio.