El presidente Luis Abinader ordenó la noche del lunes detener de forma «inmediata» cualquier actividad minera en el proyecto Romero en la provincia San Juan. El mandatario se amparó en la Ley de Medio Ambiente (64-00) y sus reglamentos para disponer la medida.
Explicó que su decisión respondía a lo establecido en dicha normativa y sus reglamentaciones, que contemplan la inviabilidad de iniciativas de este tipo cuando existe un rechazo amplio por parte de la población.
«Esta decisión responde a que según la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo», expresó el gobernante durante un discurso que dirigió al pueblo sobre el tema.
Sobre este punto, Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dijo que se refiere a la llamada «licencia social«, que es la que resulta de la consulta pública, que está recogida, además de la ley de Medio Ambiente, en la de Ordenamiento territorial y su reglamento, «que dice que la participación social es vinculante y que se requiere la aprobación».
El ambientalista señaló -al ser consultado por Diario Libre– que precisamente esa licencia social nunca fue obtenida por la compañía minera canadiense Gold Quest y, una muestra de ello, fueron las manifestaciones que se realizaron contra sus aprestos, pese a que solo tenía era un permiso de exploración, no de explotación de los minerales.