Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) recurrirán en apelación, por estar «plagada de vicios procesales graves», la decisión de una jueza que ordena al Ministerio Público pagar más de RD$7.5 millones por bienes ocupados a un imputado del proceso judicial por corrupción administrativa que sigue en los tribunales contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros.
El órgano acusador adelantó que la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió la decisión en favor del procesado Juan Francisco Álvarez Carbuccia pese a estar desapoderada del caso desde el 24 de octubre de 2025, cuando el proceso pasó al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual conoció la audiencia preliminar y dictó auto de apertura a juicio.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado, adscritos a la Pepca, adelantaron, además, que la juzgadora incurre en una desnaturalización de la figura del astringente y, sobre ese error, fija una suma exorbitante que pretende convertir en una indemnización en favor de un procesado por corrupción.