Entre las acusaciones que atribuye el Ministerio Público (MP) a los implicados en la Operación Onco14 figura la implementación de un presunto esquema en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) que incluía la modificación de indicaciones médicas, la colocación de estudios no requeridos y el uso de sellos de especialistas que no habrían evaluado a los pacientes.
De acuerdo con el expediente acusatorio, Héctor Antonio Lora Cruceta, entonces presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, habría habilitado un Departamento de Cambio de Indicaciones Médicas, en el que supuestamente se alteraban las órdenes originales de pacientes referidos de otros centros de salud privados.
El órgano persecutor sostiene que estas modificaciones tenían como finalidad aumentar los montos facturados al Seguro Nacional de Salud (Senasa) por los afiliados al régimen subsidiado, mediante la inclusión de estudios y procedimientos que no eran necesarios y no formaban parte de las indicaciones iniciales de los médicos tratantes.
Conforme al Ministerio Público, ante la ausencia de una evaluación previa de los pacientes, se generaban indicaciones que contenían informaciones médicas falsas, lo que representaba, según la acusación, un esquema de fraudulento en perjuicio de la aseguradora y sus afiliados.
«Por instrucciones directas del imputado Héctor Antonio Lora Cruceta, se procedía a agregar a las indicaciones médicas de los pacientes afiliados al régimen subsidiado de Senasa, estudios diagnósticos y procedimientos que no habían sido referidos por sus médicos tratantes, sin que se realizara ningún tipo de evaluación previa al paciente, lo que hacía que los diagnósticos consignados fueran falsos», afirmó el órgano persecutor.
El Ministerio Público agregó que dicha práctica se ejecutaba a cualquier hora del día, incluso en la madrugada, y que Lora Cruceta presuntamente amenazaba con despedir al personal que se negara a realizarlo, argumentando que era obligatorio cumplir esas instrucciones debido a que representaban ingresos económicos para la institución.
Esto, según la acusación, evidenciaba el carácter coercitivo, sistemático y planificado del presunto esquema fraudulento.
El expediente establece además que, para ejecutar estas acciones se habrían utilizado sellos médicos de diferentes especialistas, entre ellos internistas, ginecólogos, neurólogos y ortopedas, así como talonarios pre-sellados para emitir indicaciones a nombre de profesionales que, según la investigación, no habrían autorizado esos procedimientos.