La presunta red de corrupción militar-religiosa encabezada por el mayor general Adán Cáceres y la pastora Rossy Guzmán, también “traficaba con armas de fuego” que supuestamente entraban al país sin ningún registro, reveló este viernes el Ministerio Público.
De acuerdo con el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, parte de esas evidencias fueron presentada ante la jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Keyla Pérez Santana, para que ratificara la medida de coerción a todos los implicados en este entramado corrupto.
“Presentamos evidencia de que unas armas que se ocuparon en este proceso, no tienen ni siquiera registro de entrada a la República Dominicana, lo que agrega el ilícito de tráfico de armas ilegales”, expresó el procurador adjunto al salir del salón de audiencia.
Camacho también afirmó que el Ministerio Público tiene muchas pruebas que resultan “abrumadoras” para las defensas del caso Coral y de otros más que está llevando la Pepca, y que por eso sus peticiones son acogidas por los jueces, no por presiones, como aseguran las defensas.
Sostuvo que las medidas son para garantizar que los imputados del caso no puedan destruir pruebas.