El fin de semana corrió como pólvora la noticia del arresto de Santiago Hazim, exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y de varios funcionarios que le acompañaron al frente de la institución, así como de empresarios que, de acuerdo con denuncias, se beneficiaron de contratos médicos con esa entidad estatal.
La información sorprendió a muchos, y no es para menos: no se apresaba a un cualquiera, sino a quien hasta el 2020 fue encargado del sector externo que había llevado al actual gobernante al poder.
En el pasado reciente no recuerdo que una persona de tanta cercanía al presidente de turno haya sido arrestada y sometida a la acción de la justicia para que se le solicite medida de coerción por un alegado caso de corrupción.
Es cierto que Luis Maisichell Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional, y Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), habían sido sometidos a la justicia, y aun en el caso del segundo tiene un proceso abierto; pero ninguno de los antes mencionados tenía el nivel de cercanía con el presidente Luis Abinader como Santiago Hazim.
El pasado 29 de septiembre escribí en mi columna Senasa: el caso para que Abinader dé un ejemplo de la lucha contra la corrupción; hoy, 8 de diciembre, podemos afirmar que el ejemplo se está dando y que el mensaje está llegando de que no se tolera la corrupción en el actual gobierno.
El arresto de Santiago Hazim y de varios exfuncionarios de su administración, así como de algunos empresarios, es una muestra más que evidente de que no hay vacas sagradas y de que hay una institución que le da valor a los recursos públicos y que trabaja para evitar la sustracción de los mismos.
El caso SeNaSa inició con un detallado informe del Poder Ejecutivo, estableciendo con singular precisión los elementos que han servido de base para la investigación encabezada por el Ministerio Público. Vale la pena reiterarlo: el adecentamiento de la vida pública no tiene punto de retorno.