Santo Domingo.- A pocos días de que entre en vigencia el nuevo Código Penal, previsto para el próximo 3 de agosto, el debate ha tomado un nuevo giro con las propuestas de diversos sectores que plantean aplazar su aplicación para revisar artículos cuestionados e incluso esperar el resultado de posibles acciones de inconstitucionalidad.
Sin embargo, la iniciativa ha encontrado una firme oposición entre legisladores, juristas y funcionarios que participaron en el proceso de reforma, quienes sostienen que la normativa debe comenzar a aplicarse en la fecha establecida y que cualquier aspecto susceptible de mejora puede corregirse posteriormente mediante modificaciones legislativas.
Tras más de dos décadas de debates, cientos de horas de trabajo en comisiones, múltiples intentos fallidos y una de las discusiones más polarizantes que ha vivido el Congreso Nacional, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, y el diputado oficialista Ramón Bueno coincidieron en rechazar un nuevo aplazamiento.
De los Santos sostuvo que el país no puede seguir esperando una legislación moderna y recordó que toda ley es perfectible, pero advirtió que retrasar nuevamente la entrada en vigor del código dejaría al sistema de justicia sin herramientas para enfrentar modalidades delictivas que no están contempladas en la legislación vigente.
En la misma línea, Ramón Bueno defendió que el Congreso agotó un amplio proceso de consultas y consenso antes de aprobar la pieza, en el que participaron representantes de distintos sectores de la sociedad tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, por lo que considera que el país necesita comenzar a aplicar la nueva normativa.
Las posiciones responden a los planteamientos realizados por instituciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Colegio Médico Dominicano, que han solicitado revisar algunos artículos del código e incluso posponer su entrada en vigencia mientras el Tribunal Constitucional conoce eventuales recursos de inconstitucionalidad.