Son 38 los ex funcionarios investigados por sus vínculos a un supuesto entramado de corrupción que tiene al ex ministro de Hacienda como principal encartado
En una autorización de información financiera otorgada al Ministerio Público
por la jueza Kenya Romero Severino se revelan las identidades de todos los
integrantes del proceso.
La instancia judicia, a solicitud del licenciado Wilson Camacho ,titular de la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
,establece que se investigan a los señores Princesa Alexandra García ,Rafael
Gómez Medina,,Alfredo Antonio Gerbasi Fernández ,Emilio César Rivas Rodríguez
,Domingo Enríquez Martínez Reyes ,Ramón Emilio Jiménez Collie Mimilo,Luis
Baldemiro Reyes Santos ,Simón Lizardo Mezquita,José Andrés Familia, Fernando
Crisóstomo Herrera, Efraín Santiago Báez Fajardo ,Belkis Antonia Tejeda Ramírez
,Oscar Ramón Ortiz de la Risa ,Rolando Méndez Morillo ,Álvaro Jiménez
Crisóstomo ,José Pablo Ortiz Giraldez ,José Arturo Ureña Pérez, Ramón David
Hernández ,Angel Donald Guerrero Ortiz ,Yajaira Brito Evangelista ,Daniel Omar
de Jesús Caamaño Santana ,Alberto Eligió Perdomo Pila, Rafael Gerardo Collado
Ventura ,Príamo Jiménez Toribio ,Hortensia Arelis Santiago Mercado de Mora ,
Ramón Yssias Pérez Heredia , Licelot Abreu Saldaña, William Antonio Castillo
Firmas, Joaquín Ernesto Taveras Cabral , Wilma Esmeralda Rosario Santana ,
Maria Altagracia de la Risa Hidalgo , Martín Soriano Acosta y Wilfredo Castillo
Rosa.
De acuerdo a la teoría criminal presentada por el Ministerio Público se trata
de un entramado de corrupción que logró estafar al erario con más de 20 mil
millones de pesos.
El proceso investigativo establece que el modus operandi consistió en la
realización de maniobras fraudulentas con el objetivo de desfalcar el Erario a
través de acuerdos transaccionales y operaciones relacionadas con la
expropiación de terrenos en áreas protegidas. También a través de la simulación
de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas públicas.
Bajo esa acción delictiva, según lo describe el órgano persecutor en su
informe ante la Jueza Kenya Romero, Donald Guerrero, habría ordenado el pago de
10 mil millones de pesos a sociedades comerciales de carpetas, propiedad de
personas de su entera confianza y que eran disueltas tan pronto lograban su
objetivo.
Además de los 38 ex funcionarios, la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa investiga otras 209 personas
físicas y sociedades comerciales en lo que parece ser una segunda línea, paralela,
del proceso de corrupción bajo la lupa del Ministerio Público.
Todos están siendo investigados bajo los cargos de estafa, soborno,
falsificación de documentos públicos, coalición de funcionarios y lavado de activos.